El artículo 31bis del Código Penal regula la posibilidad de que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad si se cumple, entre otras, la siguiente condición:

2. “(…) que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. ¡Ahí es nada! Estamos a merced de la interpretación de dos términos absolutamente definitorios: “eficaz” e “idóneo”.

 

No es la primera vez que hemos de lamentar que el legislador no haya realizado el esfuerzo de definir qué se entiende por “eficacia” y qué se entiende por “medidas idóneas”.

Como siempre, ha de transitarse por el terreno de la inseguridad jurídica. Como siempre, habremos de recurrir a la doctrina de nuestros tribunales para conocer la interpretación de estos dos conceptos esenciales.

Es muy razonable llegar a la conclusión de que una mejor tarea legislativa habría de reducir la litigiosidad. A la vista del colapso que sufren hoy nuestros juzgados, sería de agradecer.

Mientras tanto, y a la vista de lo que ya viene exigiéndose en las resoluciones judiciales que vamos conociendo, en Bufete Moya Jover hemos venido a desarrollar y a perfeccionar un gestor de procesos que incluye las sucesivas fases por las que debe transitar la implantación de un modelo de compliance. Procesos que vienen inspirados desde directrices de la UNE-ISO 19600 y 19601 y desde la doctrina jurisprudencial.

En todo caso, estos procesos deberán contemplar el principio de la proporcionalidad. Es decir, no puede exigirse el mismo nivel de compliance a una empresa del IBEX 35 que a la peluquería de la esquina. Afortunadamente, este principio de la proporcionalidad viene siendo aplicado por la Fiscalía General del Estado.

El organigrama de estos procesos sería el siguiente: